Se estrecha el cerco a los intrusos que, sin ser bancos, deciden operar como tal.

El Gobierno establecerá la máxima sanción fijada para los directivos bancarios -de hasta 5 millones de euros- para aquellos otros gestores y consejeros de firmas que se atrevan a captar fondos reembolsables de clientes sin contar con la autorización preceptiva o jueguen a la confusión, por adoptar denominaciones reservadas a entidades de crédito como "banco" o "bank". Lo hace a través de la futura ley de servicers (Ley de administradores y compradores de créditos), enviada al Congreso para tramitación parlamentaria tras la reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros y a petición expresa del BdE. La necesidad de detectar y abortar estas prácticas con sanciones millonarias se origina para evitar fraudes al consumidor financiero si captan sus ahorros y, por extensión, que no dañen al sector regulado