Los contratistas del sector público están contra las cuerdas.

El sistema de contratación pública en los últimos años se ha visto sometido a una prueba de estrés extrema por el pico inflacionario con contratos económicamente dimensionados en 2020. Las empresas que se adjudicaron hace algunos años unas licitaciones públicas en unas condiciones muy distintas se encuentran ahora con que los costes se han disparado, también los laborales. Esto genera mucha tensión y mucha litigiosidad”, explican los expertos. Las prórrogas forzosas son las que generan más conflictos y litigios. Algunas voces señalan que la ley de Contratos del sector público es compleja y técnica y la razón para que la Administración no la interprete con más flexibilidad está en el temor a las consecuencias.

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