Los alcaldes se juegan hasta 10.000 millones del impuesto de plusvalía que barajan pedir al Estado.

La decisión del TC de anular, por inconstitucional, el método de cálculo del llamado impuesto de plusvalía municipal, ha hecho saltar las alarmas en los ayuntamientos españoles, que temen perder una vía de ingresos que les reporta cerca de 2.500 millones de euros al año. A falta de conocer el contenido completo y alcance de la sentencia, que podría publicarse mañana mismo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) urgió ayer al Gobierno a tomar cartas en el asunto y avanzó que baraja reclamar al Estado el coste que pueda suponerles el fallo. Después de todo, según diferentes expertos consultados por este diario, el pronunciamiento abre la puerta a que los contribuyentes reclamen a sus ayuntamientos el dinero pagado por este tributo durante los últimos cuatro años, con lo que los alcaldes se juegan hasta 10.000 millones. Siempre con la cautela de que el Constitucional apenas ha anticipado el sentido de su fallo pero no el texto completo de la sentencia, el pronunciamiento abre varios supuestos según la situación del contribuyente.