Las patronales energéticas rechazan el impuesto extraordinario planteado por el Gobierno.

Desde la Asociación Española del Gas (Sedigas) han mostrado preocupación por una medida que "genera inseguridad jurídica por su naturaleza retroactiva, cuyos efectos distan de estar claros, y cuyo establecimiento podría motivar conflictos con inversores y procedimientos arbitrales de larga duración, y con impacto final para las finanzas públicas". A esto se suma que las petroleras y las gasistas, por su parte, están viendo también como se ha vuelto a dar inicio a la tramitación del Fondo de Sostenibilidad del sector eléctrico y que supondrá trasladar parte de los costes de las renovables al precio del gas y los carburantes.

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