La presión fiscal medioambiental en España es de solo el 5,3%, frente al 6% en la UE.

Tras el fiasco del diésel y de varios análisis de propuestas legislativas y económicas, las otras dos propuestas que sí se mantienen, en línea con las recomendaciones de la UE, son el gravamen sobre envases y embalajes de plástico no reutilizable, con el que se espera obtener 724 millones, y el de residuos en vertederos e incineración, que se cuantifica en 861 millones. No obstante, su entrada en vigor depende de una aprobación previa, previsiblemente este mes, de la directiva comunitaria de lucha contra el cambio climático, cuya transposición a la legislación española está prevista para junio a fin de que entre en vigor en julio, según los plazos que maneja el Ejecutivo. “Debería descartarse una aplicación retroactiva, ya que plantearía serias dudas sobre su constitucionalidad”, opina.