La Dirección General de Trabajo ha indicado que las empresas acogidas a un Erte

que incumplan el compromiso de mantener el empleo durante los seis meses posteriores a retomar la actividad deberán devolver todas las cotizaciones exoneradas y no solo las de los despedidos. Ese criterio, recogido en una nota informativa de la Inspección de Trabajo, señala, ante algunas dudas suscitadas, que se deben reintegrar todas las ayudas "al margen del número de trabajadores afectados por el incumplimiento" de la salvaguarda de empleo. Para expertos laboralistas esta interpretación "vulnera el principio de proporcionalidad y olvida que no tener carácter punitivo no da carta blanca para imponer consecuencias desproporcionadas". El criterio de la DGT, que todavía no es público, ha sido desvelado por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en una nota informativa.