La dificultad de las pymes para acceder a las licitaciones públicas ha obligado al Gobierno a revisar la Ley de Contratación Pública.

Quiere eliminar los complejos requisitos, basados en criterios de transparencia, que introdujo la reforma de la normativa de marzo del año 2018, para acceder a un contrato público. La normativa tumbó a los pequeños licitadores. La mayoría de los empresarios que tienen algún tipo de relación comercial con el Estado asegura que la ley de contratos públicos aprobada en 2017 no está cumpliendo con el objetivo marcado de facilitar las relaciones entre las pymes y la Administración y las empresas públicas fijando un marco legal de plazos de pagos entre las compañías y reduciendo las trabas burocráticas para acceder a este tipo de contratos por parte de las pequeñas empresas. Un fracaso para el 81% de las mismas, que apuntan que "no han notado mejoras en la facilidad de contratación desde la aprobación de la nueva Ley de Contratación Pública", según se refleja en el Informe sobre Morosidad.