España grava las ganancias de capital derivadas de la venta de acciones cotizadas a más de seis puntos por encima de la media de los países de la OCDE.

En concreto, la Hacienda española exige una tasa marginal máxima del 26% sobre los beneficios obtenidos de la venta de acciones, frente al 19,4% del promedio que exigen los países desarrollados. Varios países europeos carecen de impuestos sobre las ganancias de capital en la venta de acciones de larga duración para facilitar la inversión. La normativa fiscal española ahonda en la presión que sufren los inversores con residencia en el país. La tributación de las ganancias de capital se suma a la de los dividendos.

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