El sector inmobiliario tiene que hacer los deberes respecto al blanqueo de capitales.

Esa es la conclusión a la que llegan los expertos por la falta de cumplimiento en la implantación de los canales de denuncia interna que recoge la norma española y que puede acarrear con sanciones de 60.000 euros. Además, el Sepblac señala a estas compañías por el deficiente análisis para identificar el origen lícito de los recursos utilizados en las compras. En su reciente memoria sobre el año 2017, indica que recibieron 44 comunicaciones de promotores inmobiliarios, agencias y otras empresas de comisión e intermediación. A las que suman otras 158 de los registradores de la propiedad. El mayor problema se centra en las pequeñas empresas, que no están cumpliendo mayoritariamente la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y concretamente el artículo 26 bis del Real Decreto del pasado septiembre que les obliga a implantar un canal interno de denuncias como transposición de una directiva comunitaria.