El sector eléctrico se prepara para una nueva oleada de reclamaciones por culpa de la llamada 'excepción ibérica'.

Las comercializadoras aseguran que no podrán trasladar el descuento del 'tope del gas' a sus clientes, al menos, en un plazo de dos meses por la complejidad del sistema que ha diseñado el Ministerio de Transición Ecológica y sobre el que las han mantenido al margen durante toda su preparación. La realidad es que diez días después de su urgente aprobación, la Comisión Europea sigue sin dar su autorización a los planteamientos de la vicepresidenta Teresa Ribera y la medida sin poder aplicarse a los clientes. Las dudas que todavía persisten en Bruselas giran alrededor del impacto que tendrá y los costes de la misma, que se intenta ahora determinar la forma como se van a pagar. El segundo problema existente radica en la incertidumbre que genera la redacción del Real decreto-Ley sobre cómo se facturará el tope del gas en las futuras facturas.