El Gobierno afronta la parte más compleja de la reforma del sistema público de pensiones con la presión de Bruselas

que azuza el calendario de las negociaciones para la validar las entregas de los fondos para la reconstrucción, y con el rechazo de patronal y sindicatos ante algunos de los planteamientos previos sobre la senda de destope de las bases máximas de cotización y la ampliación de años para el cálculo de la pensión. Según los cálculos elaborados por los expertos del grupo de investigación, Pensiones y Protección Social, una ampliación a 35 años cotizados supondría de media una reducción en las nuevas pensiones iniciales del 8,9% para los trabajadores del régimen general -asalariados- y del 10% para un autónomo. Este punto, recuerda el Gobierno, podría ser mitigado si también se incluye un supuesto en que el trabajador pudiera escoger los mejores años para sortear las peores fases de la vida laboral en términos de base de cotización.