El fondo público de pensiones que propone el Gobierno será principalmente un dinamizador de la contratación de planes de pensiones por parte de los autónomos,

que tendrán más flexibilidad que los trabajadores de las empresas que decidan abrir un plan promovido por el vehículo articulado por el Gobierno. Concretamente, los autónomos podrán adherirse a los planes sectoriales que deseen promovidos por los diferentes gremios profesionales indistintamente para comenzar a beneficiarse de las ventajas en términos de reducción de costes respecto al sistema individual -un 92% de los planes tiene comisiones más elevadas del 0,5%-. Mientras que las compañías, con ciertas excepciones, deberán acoplarse a los fondos sectoriales de su rama, preferentemente.

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