El Ecofin ha aprobado una directiva que obliga a todo tipo de intermediarios fiscales

(bancos, consultores, asesores, abogados, contables...) a comunicar a las autoridades de hacienda cualquier tipo de planificación impositiva que implique a países terceros con bajos impuestos o que establezca una relación directa entre los honorarios abonados por el cliente y el ahorro de impuestos que se le ofrece. Bruselas calcula que la elusión fiscal reduce los ingresos anuales en un billón de euros. La directiva deberá trasponerse a la legislación nacional antes del 31 de diciembre de 2019. Y el primer intercambio de información entre países tendrá lugar, según la norma, el 31 de octubre de 2020.

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