El Consejo General de Economistas considera que la Ley de vivienda expulsará del mercado las rentas más bajas.

El control de precios del alquiler reducirá la oferta y dificultará el acceso a la vivienda a muchos inquilinos, especialmente a los que tienen rentas más bajas. También se muestran contrarios a la definición de gran tenedor y anticipan que desalentará a los propietarios que tengan un cierto número de casas. Asimismo, prevén un aumento de la inseguridad jurídica como consecuencia del aumento de las medidas de protección frente a los desahucios. No obstante, valoran positivamente algunos mecanismos introducidos por la ley, como la nueva tipología de vivienda asequible incentivada o los cambios en los beneficios fiscales a los propietarios. No obstante, lamentan que esta ley "no ha sido suficientemente debatida durante su tramitación".

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