Desde el punto de vista jurídico, la reforma laboral que quiere llevar a cabo el Gobierno

con el objetivo de incrementar el porcentaje de contratos indefinidos introduce inseguridad jurídica, una mayor rigidez en las relaciones laborales, y un verdadero paso atrás para la economía en un momento complejo para el tejido empresarial. Pretende, principalmente, hacer una serie de modificaciones a la contratación formativa y en prácticas y en la contratación temporal, con la prohibición de esta modalidad de contratación para atender trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa. Sectores como "turismo y construcción" podrían verse afectados ya que sus ritmos productivos son discontinuos y a menudo inciertos y no podrían asumir que una extensión inesperada de la obra o servicio conllevase el encarecimiento repentino de los costes laborales al tener que asumir despidos objetivos no previstos. Para prevenirlo, es de gran importancia que algunos sectores puedan reconocer la incertidumbre sobre la duración de la extensión de los contratos por obra y servicio, ya que es propia de su actividad.