Carrera contra reloj para cumplir los ambiciosos planes sobre fuentes renovables en España.

El 32% de la potencia que se pretendía instalar se quedó en el camino entre 2018 y 2022 al no lograr los expedientes una declaración de impacto ambiental positiva de las administraciones, o ser archivados. La planificación energética del Gobierno persigue multiplicar por 2,5 veces la actual potencia instalada con el fin de que el 81% de la electricidad sea de origen renovable en el 2030. Tal despliegue está provocando tensiones territoriales. Pero, además, la mitad de los expedientes de los grandes proyectos eólicos (de más de 50 MW, tramitados por la Administración central) se resuelven con una declaración de impacto ambiental negativa o son archivados, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. “Antes de resolver una declaración de impacto ambiental, el 75% de los proyectos sufre modificaciones que implican reducciones de la superficie de ocupación o del volumen de equipos a instalar”, dicen fuentes del Ministerio.